Más de 256 mil pacientes que activaron su Garantía Explícita en Salud (GES) requerirán la continuidad de sus tratamientos en Fonasa ante la insolvencia de las aseguradoras privadas.
El debate sobre la “ley corta de Isapres”, que busca implementar los fallos de la Corte Suprema sobre tabla de factores y que, además, crea un seguro complementario en Fonasa, se ha centrado principalmente en aspectos financieros relacionados con la deuda y alzas de precios en las Isapres.
Y es que ante la probable insolvencia financiera que afecte a las aseguradoras privadas, es relevante cuantificar el costo fiscal que tendrá para el Estado el escenario en que ex beneficiarios de Isapres, que se encuentran bajo tratamiento médico crónico o complejo, emigren a Fonasa al no ser aceptados por otra Isapre debido a sus preexistencias.
La “continuidad del tratamiento” corresponde a la obligación legal del Estado de mantener la atención y protección de quien enfrenta un problema médico que sin ella pone en riesgo su estado de salud.
El proyecto de ley corta de Isapres, actualmente en la Comisión Mixta de Salud, señala que Fonasa financiará la continuidad del otorgamiento de las Garantías Explícitas en Salud (GES) en curso, asignándole un prestador, así como aquellas con Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), manteniendo el prestador o derivando a otro que asegure condiciones sanitarias similares. También aquellas que estén siendo otorgadas por una sentencia o pronunciamiento judicial o de la Superintendencia de Salud en las mismas condiciones
¿Qué costo tendría para el Estado asegurar la continuidad de tratamientos de las personas que emigren a Fonasa, en caso de insolvencia de las Isapre?
Una interrogante que Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS) y Daniela Sugg, economista en salud y ex coordinadora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), calcularon en un estudio que considera a los afiliados que activaron su GES y que se encuentran bajo tratamiento por condiciones crónicas y oncológicas, así como quienes cuentan con CAEC. También se sumó el promedio de gasto de usuarios de isapres en licencias médicas.
Resultados
El análisis da cuenta que entregar la continuidad de tratamientos a los cerca de 256 mil personas que provienen de Isapres arroja un déficit total mensual de $5.660 millones de pesos al Estado, debido a la diferencia entre el ingreso y el gasto total. Si la continuidad se otorga por un semestre o año, serán $34.000 millones y $68.000 millones, respectivamente.
Una cifra que podría variar ya que al no ser público el detalle de gasto en licencias médicas por beneficiario que necesitaría continuidad de tratamiento, se utilizó el promedio global. Tampoco se consideran otras garantías que no son enfermedades crónicas, ni coberturas otorgadas después de casos judicializados.
“El estudio muestra que el solo hecho de otorgar continuidad de tratamiento a las personas de las isapres que se cambien a Fonasa, implica un déficit para el fisco porque el aporte del 7% de esas personas es menor que el costo de otorgarles continuidad de sus tratamientos”, explica Carolina Velasco.
Un escenario que se plantea en el caso de que las seis isapres abiertas que se encuentran directamente afectadas por “efecto deuda” y ley corta (Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Masvida y Vida Tres), entren en insolvencia.
Si bien es un análisis acotado de uno de los aspectos financieros de un escenario de insolvencia, es relevante conocer su alcance. “El estudio busca ser un aporte para un debate que ha resaltado por la falta de evidencia de datos y, dado que ya legislar es difícil, lo es más cuando no hay datos. Ello lleva a que la discusión se polarice y se usen argumentos ideológicos en lugar de la evidencia”, agrega la investigadora del IPSUSS.
Principales problemas de salud de continuidad
El análisis del impacto financiero también enumera los problemas de salud que generan mayor gasto en la continuidad de tratamientos: VIH-SIDA, diabetes tipo 2, depresión y enfermedad renal crónica etapa 3 y 4, entre otros, cuyo abordaje en el sistema público principalmente se entrega en la atención secundaria-terciaria y a través de la compra de servicios a prestadores privados.
Por otro lado, los principales problemas de salud ordenados por número de casos que lo presentan y que requieren de continuidad de tratamiento, se asocian a los crónicos de gran prevalencia poblacional, los que en la red pública se abordan en la Atención Primaria de Salud (APS), como hipertensión arterial primaria, diabetes tipo 2 e hipotiroidismo, entre otros.
Conclusiones
Para Velasco, “la pregunta que debemos hacernos es si queremos aumentar el gasto de Fonasa o del fisco para pagar la continuidad de tratamientos de los que se cambiarán desde Isapres a Fonasa, recursos que sin duda pueden ser mejor usados en fortalecer a Fonasa y reducir la listas de espera”.
El estudio dimensiona la magnitud de estos recursos, señalando que es similar al monto que se utiliza para financiar drogas de alto costo oncológico (DAC) y levemente inferior al costo de la medida de Copago Cero en la red pública. Además, señala que el nivel de recursos fiscales adicionales requería de alguna medida que permita abordarlos, ya sea una reasignación presupuestaria de la cartera de salud, como se procedió con la medida Copago Cero, o si lo anterior no fuese posible, se deberán solicitar recursos adicionales al Ministerio de Hacienda para ser contemplados en la próxima ley de presupuestos.
Junto con lo anterior, el trabajo de Velasco y Sugg destaca la importancia de contar con una mirada más humana-social, respecto de qué ocurrirá con aquellas personas que hacen uso constante del sistema de salud debido a sus afecciones. En efecto, aquellos beneficiarios a los que se les debe asegurar la continuidad de tratamiento, por lo crucial y vital del tema, debiesen ser identificados, así como las afecciones por las cuales se encuentran en tratamiento y dónde se atienden.
La directora de estudios del IPSUSS explica que al no abordar los problemas de fondo que origina el fallo de la Corte Suprema, se mantienen las reglas que han sido cuestionadas ante lo cual se requiere soluciones que apunten, por ejemplo, a la regulación de las aseguradoras, la eliminación de las preexistencias y al plan de salud universal, “en su lugar, estamos poniendo parches, tanto en isapres, como en Fonasa, donde se introduce la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Creo que estamos perdiendo una oportunidad de avanzar en mejorar el sistema de salud”, finaliza la experta.
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