José Navarrete Oyarce
Director del Magíster en Tributación
Universidad Andrés Bello
La reciente medida anunciada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que restringe la emisión de facturas en supermercados y restaurantes, ha generado un interesante debate en torno a la evasión tributaria y la transparencia fiscal en Chile. A partir de marzo de 2025, estas regulaciones limitarán la emisión de facturas exclusivamente a compras relacionadas con el giro económico del comprador, mientras que los consumidores finales deberán conformarse con boletas de venta.
En teoría, la medida tiene una intención positiva: garantizar que el crédito fiscal del IVA beneficie únicamente a quienes efectúan compras necesarias para su actividad económica, reduciendo así el abuso del sistema tributario. El SII apunta, con estas normativas, a corregir el uso indebido de facturas que terminan respaldando gastos personales en lugar de empresariales. Este abuso genera un impacto negativo en la recaudación fiscal, un problema recurrente en economías que buscan un sistema impositivo más equitativo.
Sin embargo, implementar esta medida presenta desafíos significativos. En supermercados, la obligatoriedad de destinar solo un 10% de las cajas para emisión de facturas, o una única caja en establecimientos pequeños, podría generar mayores tiempos de espera y frustración en los clientes. Asimismo, en restaurantes, el requerimiento de presentar documentos específicos y justificar el consumo para obtener una factura añade una capa burocrática que podría entorpecer la experiencia del cliente. Por otro lado, la severidad de las sanciones —multas de hasta un 500% del monto de la operación para los comercios y hasta 20 UTM para los compradores— enfatiza la importancia de cumplir con estas nuevas normativas. Sin embargo, también genera inquietudes sobre el impacto desproporcionado en pequeños negocios que podrían tener dificultades para adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos.
Esta transición no solo afecta a las empresas emisoras, sino también a los consumidores y contribuyentes en general. Muchos deberán replantear cómo administran sus compras y cómo justifican sus gastos ante el SII. Además, para los pequeños empresarios, estas restricciones podrían representar un obstáculo adicional en su operación diaria, obligándolos a recurrir a sistemas de control más sofisticados y costosos.
Aunque el objetivo de combatir la evasión fiscal y aumentar la transparencia es importante, es crucial garantizar que estas medidas no se conviertan en una carga excesiva para los contribuyentes y pequeños empresarios. El SII deberá acompañar estas normativas con programas educativos y de capacitación para evitar confusiones y garantizar una transición efectiva.
Finalmente, este cambio invita a reflexionar sobre la necesidad de modernizar el sistema tributario chileno, incorporando soluciones tecnológicas que permitan un balance entre control fiscal y facilidad operativa. Solo con un enfoque equilibrado se logrará avanzar hacia un sistema tributario más justo y eficiente.
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